El gobierno del ex primer ministro británico David Cameron encubrió correos electrónicos que revelaban una campaña secreta para presionar al entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, y evitar que regulara a Uber. La denuncia fue publicada por el Daily Mail y desató pedidos de investigación parlamentaria.

Según el diario, al menos diez asesores de Downing Street intercambiaron mensajes con altos funcionarios de la oficina del alcalde y del Transporte de Londres durante 2015, en el período en que Johnson analizaba endurecer las condiciones operativas de la plataforma. Entre las medidas que el alcalde quería implementar: obligar a los conductores a aprobar un examen escrito en inglés y exigir a las plataformas privadas esperar cinco minutos antes de aceptar cada reserva.

El papel central en la presunta campaña lo tuvo Daniel Korski, jefe adjunto de la unidad política de Cameron, quien habría actuado como mediador para asegurarse de que Johnson no tomara medidas que perjudicaran a la empresa californiana. Los correos de Korski, obtenidos por el Transporte de Londres bajo la Ley de Libertad de Información, mostraban reuniones y contactos para encauzar la revisión regulatoria en lo que él mismo llamó «una dirección sensata.»

El escándalo estalló cuando Christopher Morris, político del Partido Demócrata Liberal en la Asamblea de Londres, solicitó formalmente a Downing Street toda la correspondencia entre Korski y los organismos de transporte. La respuesta, firmada por Nicholas Howard, secretario privado de Cameron, fue categórica: «No tenemos información en relación con lo que ustedes están solicitando.» Semanas después, el Daily Mail reveló que esos correos existían y habían sido enviados desde cuentas oficiales del gobierno.

Los conflictos de interés

El caso adquiere otra dimensión por los vínculos personales y económicos entre los funcionarios y Uber. Rachel Whetstone, vicepresidenta de la empresa, es amiga personal tanto de Cameron como de Osborne y madrina del último hijo del ex primer ministro. Los tres compartían una cabaña de vacaciones en Cotswolds.

Para George Osborne, ex canciller, el panorama es más comprometido aún: BlackRock, uno de los principales inversores de Uber, lo contrató recientemente con un salario de 650.000 libras esterlinas por 48 días de trabajo anuales como asesor.

Uber, por su parte, casi no paga impuestos en el Reino Unido: canaliza sus ingresos netos británicos a través de los Países Bajos hacia el paraíso fiscal de las islas Bermudas.

Las reacciones

«Este asunto es un escándalo nacional. Pedimos una investigación para esclarecer lo que pasó y descubrir a sus responsables», dijo Steve McNamara, de la Asociación de Conductores de Taxis Licenciados de Londres.

«Este grave descubrimiento debe llevar a una investigación formal», sostuvo Caroline Pidgeon, presidenta del comité de transporte de la Asamblea de Londres.

Downing Street negó formalmente cualquier encubrimiento y dijo que quienes no estén satisfechos con la respuesta tienen derecho a pedir una revisión interna. Korski negó haber influenciado el proceso en favor de Uber. Sin embargo, los correos publicados por el Transporte de Londres contradicen la versión oficial.

Lo que permanece sin respuesta es por qué Downing Street afirmó no tener registros de una correspondencia que existía en los servidores de correo del gobierno.