El diputado porteño Alejandro Grillo pidió que el Gobierno informe qué apps de viajes en CABA cumplen los requisitos fijados en mayo y qué hace con las que sigan operando sin haberlos acreditado.
Es el proyecto de resolución 3558-D-2026, presentado el 16 de noviembre en la Legislatura. Desde el 18 está en la comisión de Tránsito y Transporte. Si se aprueba, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días desde que lo reciba para responder diez puntos.
Las preguntas son sobre la Resolución 99/SECT/26 de la Secretaría de Transporte, que les puso requisitos a las empresas de apps y a sus choferes y autos, y la Disposición 15/DGGSM/26, que fijó el trámite para acreditarlos. En octubre contamos cómo funciona ese trámite y el registro de apps que licita la Ciudad, sin datos de choferes ni de autos.
Qué pregunta sobre las apps de viajes en CABA
El proyecto pide que el Ejecutivo informe:
- Cuántas empresas pidieron el alta dentro de los 90 días que dio la resolución, con su razón social, nombre de fantasía, CUIT, fecha de presentación y número de expediente.
- Cuántas Constancias de Cumplimiento emitió la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad, a qué empresas y en qué fechas; cuántas intimaciones de diez días mandó para completar papeles y en cuántos casos archivó el trámite.
- Qué medidas tomó o piensa tomar con las empresas que, vencidos los 90 días, sigan intermediando viajes sin la documentación ni la constancia.
- Si les pidió a las empresas la base de datos de choferes y autos y, por empresa, cuántos choferes y vehículos declararon, cuántos choferes tienen licencia D1 y cuántos autos están radicados en la Ciudad y cuántos en otras jurisdicciones.
- Cómo comprueba que sea cierto lo que las empresas declaran bajo juramento.
- Cada cuánto y en qué categoría se les exige la VTV a los autos de apps radicados en la Ciudad.
- Cuántas licencias D1 se dieron desde el 28 de mayo a choferes que declararon trabajar para apps, y si se puso en marcha el «procedimiento abreviado» para obtenerla que, según el proyecto, el Ejecutivo anunció el 21 de mayo.
- Qué campañas de difusión hizo la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial, con su contenido, medios, período y monto, y cómo se controla la publicidad de las plataformas.
- Qué hizo para cumplir la sentencia del 30 de abril de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, en la causa que inició el Sindicato de Peones de Taxis.
El punto que falta, el cuarto del proyecto, es sobre la declaración jurada.
La declaración jurada de los choferes
Para obtener la constancia, cada empresa firma una declaración jurada. Sobre los choferes, declara que «se verificará, una vez finalizado el tiempo establecido en el artículo 9°», que cumplan los requisitos: licencia D1, más de 21 años, sin antecedentes penales y titulares del auto o autorizados a manejarlo.
El proyecto le pide al Ejecutivo que explique por qué. Según sus fundamentos, así «una norma de menor jerarquía extiende» a la edad, los antecedentes y la titularidad del auto un plazo que la resolución «sólo previó para la licencia profesional».
El artículo 9 de la resolución da 120 días para la D1 y 90 para acreditar lo que piden los artículos 2 y 5. El 5 es el que hace a las empresas responsables de los requisitos de choferes y autos.
Los fundamentos también dicen que la constancia «no constituye una habilitación ni tiene prevista vigencia, renovación o causales de baja». En el anexo de la disposición no aparece ninguna de esas tres cosas.
Los plazos
La resolución rige desde el 28 de mayo. El trámite para cumplirla se publicó en el Boletín Oficial el 20 de agosto, 84 días después.
Según los fundamentos, el plazo de 90 días «se encuentra vencido cualquiera sea el criterio de cómputo que se adopte», y el de 120 días también, si se cuentan días corridos. «Sin embargo, no se ha dado a conocer cuántas empresas se presentaron, cuántas obtuvieron la constancia, qué ocurre con aquellas que siguen operando sin ella», dice el texto.
Ni la resolución ni la disposición prevén que se publique la lista de empresas con constancia.
Grillo es también autor, con Juan Pablo Modarelli, del proyecto de ley 2921-D-2025 de «ordenamiento del transporte público-privado de pasajeros en automóviles», que está en la misma comisión desde noviembre de 2025. Según los fundamentos del pedido nuevo, la información sirve también «para el tratamiento de las iniciativas legislativas en la materia».
El pedido de informes de junio
No es la primera vez que la Legislatura pregunta por esto. El 1° de junio, el legislador Juan Ignacio Fernández y otros once presentaron el pedido de informes 1713-D-2026. Entre doce puntos sobre taxis y plataformas, preguntaba cómo se iba a fiscalizar que las apps cumplieran las nuevas exigencias y cómo se instrumentaría el plazo de 90 días.
La Legislatura lo aprobó en junio. Según su sistema de expedientes, desde el 22 de junio figuraba «esperando comunicación con el PE u otras entidades» y el 21 de septiembre pasó al archivo, donde sigue. Ese sistema no muestra si el Ejecutivo respondió, y NotiTaxi no encontró una respuesta publicada (búsqueda del 18 de noviembre). Lo contamos en la nota sobre la respuesta del GCBA al fallo.
Ese fallo, de abril, condenó al Gobierno porteño por no controlar a Uber. La Resolución 99 salió tres semanas después y no lo menciona.
En junio, la Legislatura ya preguntó cómo se iba a controlar a las apps. Ese pedido está en el archivo y no encontramos la respuesta.
¿Este va a terminar igual? ¿O alguna vez vamos a saber qué empresas tienen la constancia, si alguien miró la lista de sus choferes y qué pasa con las que no cumplen?



